POLITICA ECONOMIA

Otra vez la policía irrumpió ilegalmente en una universidad en medio de una asamblea

Luego de los últimos episodios en Jujuy y en colegios secundarios, esta vez el hecho ocurrió en la Universidad Nacional de San Juan.

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Las autoridades de la Univiersidad de San Juan informaron que en la tarde de este martes 30 de mayo, dos agentes de la policía provincial ingresaron en el Comedor Universitario del Complejo Deportivo “El Palomar”, perteneciente a esa institución académica, mientras se desarrollaba una asamblea informativa de la CICUS (Comisión Interna del Comedor Universitario Sanjuanino).

Según dichos de los alumnos, los uniformados preguntaron si se realizaría alguna manifestación en la vía pública y luego se retiraron. "Aunque no se produjo hecho de represión alguno, la Universidad Nacional de San Juan rechaza de plano este singular acontecimiento de presencia policial, sin haber mediado requerimiento alguno de esta Casa de altos estudios y, especialmente, considerando que se trataba de una reunión más como otras tantas que realizan sus estudiantes en los predios universitarios", expresaron desde el rectorado.

La universidad informó que el rector Oscar Nasisi se comunicó con autoridades de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia para conocer de qué manera se sucedieron los hechos. Las autoridades le comentaron que tomaron conocimiento mediante las redes sociales de la posibilidad de cortes de calles cercanas a la Casa de Gobierno. "Por tal motivo, el Dr. Nasisi les recordó que en una eventual próxima vez la Policía debe esperar afuera del predio universitario, además de avisar a las autoridades de la UNSJ", dice el comunicado de la UNSJ.

La posición del rector se basa en la defensa de la autonomía de la Universidad Pública que se ampara en dos Artículos de la vigente Ley de Educación Superior Nº 24.521. Su Artículo 30 dice que “las instituciones universitarias nacionales sólo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación, o durante su receso y ad referéndum del mismo, por el Poder Ejecutivo nacional por plazo determinado -no superior a los seis meses- y sólo por alguna de las siguientes causales: a) Conflicto insoluble del o de la institución que haga imposible su normal funcionamiento; b) Grave alteración del orden público; c) Manifiesto incumplimiento de la presente ley. La intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica”.

El artículo 31 establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

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