MUNDO

El gobierno español envió a la fuerza pública a impedir las elecciones en Cataluña.

El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ordenó impedir el uso de locales públicos para el referéndum de independencia

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La Justicia ordenó también impedir que se abran los locales o que los obliguen a cerrar si es que ya han abierto. Cadena Ser detalló que en su fallo, la jueza asegura que el Ejecutivo catalán ha burlado la prohibición de informar a los ciudadanos sobre el referéndum. La sentencia amplía la orden de la fiscalía de precintar los colegios para impedir el referéndum independentista del domingo.

El objetivo es impedir la celebración física de la votación convocada por las autoridades independentistas de la región, que ha sido prohibida por la justicia española y suspendida por el Tribunal Constitucional.

Las autoridades catalanas están determinadas a organizar el domingo un referéndum de autodeterminación de la región, que el gobierno español hace todo por detener.

Lo que se sabe de la organización:

Las papeletas. La Guardia Civil española, que multiplica sus registros, confiscó cerca de 10 millones de papeletas de voto, aparentemente asestando un serio golpe a la organización.
Por ello Raul Romeva, responsable de relaciones exteriores de la región, declaró a la AFP que podrían ser impresas nuevas papeletas.
"Podemos garantizar que todo lo que hace falta para poder votar existe. Las papeletas se pueden volver a imprimir tantas veces como haga falta, el censo lo tenemos, las urnas están, los colegios electorales estarán".

Las urnas. Las fuerzas del orden no las han hallado todavía. Según publicó el diario El Mundo este miércoles, la policía sospecha que pudieron haber sido distribuidas por fábricas de pan y una gran cadena de supermercados en sus camiones. Estarían ya en los municipios.
De 948 alcaldías catalanes, 712 (entre ellas cinco de las diez ciudades más pobladas en la región), han anunciado que participarán en el escrutinio o se mantendrán neutrales, como Barcelona, Terrassa, Badalona, Sabadell y Reus. Las grandes urbes que participan representan a 2,3 millones de habitantes de los 7,5 millones en Cataluña.

Los centros de votación. La lista de centros no ha sido publicaba. La fiscalía ordenó el martes a la policial regional, los Mossos d'Esquadra, identificar los centros de votación y sus responsables, precintarlos y ponerlos bajo vigilancia, a partir del viernes hasta la noche del domingo 1 de octubre, y evitar que se vote en 100 metros a la redonda.
Los Mossos han dicho que respetarán la directiva a condición de que no generar un riesgo importante de alteraciones del orden público.

Listas electorales. Las listas electorales deberían ser transparentes y públicas, pero no han sido divulgadas.
La ley electoral, adoptada por la mayoría separatista del parlamento regional el 6 de septiembre pero suspendida por el Tribunal Constitucional, precisa que los electores son 5,5 millones, "residentes en Cataluña o en el exterior".

Convocatoria de los electores. Para saber dónde deben votar, los electores deben consultar páginas de internet donde introducen su número de documento de identidad. Estos sitios online cambian regularmente porque la justicia los va cerrando. La noche del martes fueron clausurados alrededor de sesenta. Un colaborador de la AFP pudo encontrar la dirección de su centro de votación, pero varios miembros de su familia no lo consiguieron, sin tener a quién dirigirse para lograrlo. El miércoles, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, anunció el lanzamiento de un canal en la red social Telegram para dar a conocer los lugares de votación.

La comisión electoral. Esta comisión de cinco miembros y sus delegados provinciales renunciaron para evitar multas diarias de entre 6.000 y 12.000 euros diarios impuestas por el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo catalán podría nombrarla en el último minuto para reducir el monto de las multas. Según la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa especializado en la democracia a través del derecho, manifiesta que un referéndum debe ser organizado por un "órgano imparcial".
Pero la comisión electoral fue designada por el gobierno independentista y sus miembros tenían lazos con los separatistas.

Conteo de los votos. Según El Mundo, la policía busca la central informática que debe recolectar los resultados del conteo de votos, que estaría en los alrededores de Barcelona.

Seguridad. La seguridad es una de las cuestiones que más preocupa a habitantes y autoridades.
Los Mossos estiman que es "más que previsible" que el hecho de precintar los colegios electorales provoque "alteraciones del orden público".
Las autoridades catalanas apelan constantemente a la calma y al civismo. Aunque para prevenir cualquier eventualidad, el gobierno español ha desplegado allí dos tercios de sus agentes antidisturbios, y más de 10.000 agentes de las fuerzas del orden, aparte de los 16.000 mossos.

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