POLITICA ECONOMIA

Uno de los Periodistas estrellas de Clarín fue procesado por extorsión

Se probó la participación de Santoro en las maniobras realizadas por el falso abogado Marcelo D'Alessio contra empresarios.

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El periodista Daniel Santoro fue procesado este miércoles, sin prisión preventiva, por el delito de coacción y extorsión en dos casos. El más notorio es el que tuvo como víctima al empresario Mario Cifuentes, propietario de una empresa importante de servicios petroleros en la Patagonia. A Cifuentes, el falso abogado Marcelo D'Alessio le pidió 1.200.000 dólares para "arreglarle" una deuda con la AFIP y "resolverle" una causa judicial. El juez Alejo Ramos Padilla considera probado que Santoro le envió un mensaje tácito a Cifuentes a través del programa Animales Sueltos, en dos días consecutivos, por lo que lo imputa como cómplice de la tentativa de extorsión. También Ramos Padilla sostiene que Santoro participó del "apriete" --coacción-- a un ex director de la petrolera venezolana Pdvsa, al que amenazaron con una causa judicial si no declaraba la existencia de irregularidades en Pdvsa ante el fiscal Carlos Stornelli. El juez evalúa que Santoro supo la forma en que "pusieron en pánico" a Brusa Dovat, estuvo al tanto de que se usó información obtenida ilegalmente --datos de Migraciones, entrecruzamientos de llamadas telefónicas-- y participó de la coacción como cómplice.

El 4 de abril de 2018, D'Alessio le advirtió a Cifuentes que viera el programa Animales Sueltos esa noche. Es que el falso abogado le estaba exigiendo 1.200.000 dólares y Cifuentes se negaba a pagar. En esa emisión, Santoro dijo al aire: "la empresa constructora OPS, para ganar un contrato con Petrobras, le hizo los arreglos a Lula". La constructora brasileña no era OPS sino OAS. Y OPS era --y es-- el nombre de la empresa de Cifuentes.

Pero la presión siguió al día siguiente. D'Alessio le volvió a decir al empresario que viera Animales Sueltos y que ese era su último aviso. Esa noche, Santoro dijo al aire: “la causa por la que va preso (Lula) es la del triplex que costó 1.200.000 dólares, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes constructoras, a cambio de contratos…”. Otra vez el periodista mencionó OPS en lugar de OAS.

Cuando Santoro fue indagado respondió a la imputación de la siguiente manera: "es dable recordar a su señoría que se trata de un programa en vivo, de una hora y media de duración, en el que hay que tener muchos datos de memoria en la cabeza y discutir con otros periodistas de primer nivel, por lo que, en este contexto y sumado a todo lo que vengo exponiendo, se observa que el yerro de una sigla es total y notoriamente involuntaria".

Para el juez, la explicación fue insuficiente, porque las cosas se dijeron en el marco de la amenaza de D'Alessio unas horas antes, ocurrió dos días seguidos, y a las 48 horas Santoro escribió una nota en Clarín tildando a Cifuentes como "el nuevo Lázaro Báez", título que figuraba en las anotaciones que se le encontraron a D'Alessio. A esto se agrega que también Santoro utilizó dos datos surgidos de espionaje ilegal: que Cifuentes estuvo 52 veces en España y que le debía 800 millones a la AFIP. Los viajes a la península surgían de un informe de Migraciones obtenido de forma clandestina por D'Alessio y el dato de la deuda de OPS también estaba en las anotaciones del falso abogado.

Más allá de Santoro, toda el caso fue feroz. A Cifuentes le llevaron la empresa a la quiebra anulando contratos que tenía con YPF; apretándolo con la Afip, lo amenazaron con ponerle cinco kilos de droga en el auto a su hijo, lo pasearon por la ciudad en la camioneta de D'Alessio con la sirena puesta, como si fuera un auto oficial; le exhibieron datos sobre los movimientos de su esposa y lo presionaron por todos los medios, no sólo para que pagara 1.200.000 dólares sino para que le malvendiera su empresa a un familiar de un funcionario del Poder Ejecutivo.

El detalle de la participación de Santoro llevó al juez a procesar al periodista como partícipe primario en el delito de extorsión, en grado de tentativa. Sucede que Cifuentes se negó a pagar y por lo tanto la extorsión no se terminó consumando.

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